Año para Transformar: haciendo efectivos los derechos sexuales de las personas transgénero y transexuales
0 comentariosLa celebración anual del Orgullo de las personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) ha nombrado a 2010 “año para transformar”. Tanto la federación estatal –FELGTB- como Alega, la asociación cántabra por los derechos LGTB, ponen de esta forma el énfasis de la emblemática conmemoración del 28 de junio en hacer realidad los derechos sexuales de las personas transexuales. Derechos avalados por la comunidad internacional pero que están aun lejos de ser garantizados para toda la ciudadanía en todo el territorio español.
Los derechos sexuales incluyen:
Ø El derecho a la libertad sexual
Ø El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo
Ø El derecho al placer sexual
Ø El derecho a la expresión sexual emocional
Ø El derecho a la libre asociación sexual
Ø El derecho a la educación sexual integral
Ø El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables
Ø El derecho a la información basada en el conocimiento científico
Ø El derecho a la atención de la salud sexual
Estos derechos son particularmente vulnerados en las personas transgénero y transexuales que a día de hoy continúan siendo estigmatizadas y discriminadas por las instituciones públicas. A pesar de los avances legislativos experimentados en los últimos años (particularmente a nivel del Estado Español con la Ley de Identidad de Género -LEY 3/2007, de 15 de marzo- reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas), aun no ha sido retirada la catalogación de la transexualidad como enfermedad mental en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) que mantiene la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Incluso en un momento en el que el Gobierno español se ha comprometido a solicitar a la OMS la eliminación de la transexualidad de la CIE, en las Unidades de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) establecidas en diversas comunidades autónomas (hasta la fecha en Andalucía, Asturias, Barcelona, Canarias, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco) para tratar el llamado TIG, el acceso a los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo sigue dependiendo de un diagnóstico psiquiátrico. Además de seguir criterios diagnósticos basados en estereotipos de género obsoletos en la sociedad actual, la propia Ley 3/2007 exige un mínimo de dos años de tratamiento hormonal supervisado para poder cambiar un nombre en el DNI o recurrir a tratamiento quirúrgico. En este contexto, las personas trans que acuden a las UTIG entran en un proceso de evaluación sin certidumbre sobre su duración. Esta exigencia de medicalización cuestiona por otra parte la intervención del Estado en las decisiones personales respecto al propio cuerpo. Intervención que plantea la necesidad de evaluar el impacto de dicha ley en su conjunto, y particularmente el impacto de la política sanitaria derivada de la misma en la salud de sus usuarios y usuarias.
Sin embargo, y a pesar de este contexto, las UTIG son necesarias para garantizar la atención a las personas que la necesitan y evitar los riesgos derivados de no proporcionar asistencia sanitaria integral para la reasignación de sexo, que incluyen la automedicación hormonal sin el adecuado seguimiento y con los posibles efectos adversos que incrementan la morbilidad de las personas que se someten a los mismos. Además de los riesgos generados por recurrir al mercado negro para tratamientos, por ejemplo de silicona líquida sustitutiva de prótesis mamarias, que pueden provocar serios problemas para la salud.
La desinformación de los profesionales de la salud acerca del proceso que las personas transgénero y transexuales tienen que seguir, motivan y hacen necesaria la puesta en marcha de protocolos que den respuestas satisfactorias a las demandas sentidas por las personas afectadas y sus familiares, respuestas que deben reflejarse en la consecución de un adecuado estado de salud de este colectivo de población. La garantía del mismo pasa por el abordaje integral de las personas transgénero y transexuales, de manera que se logre la normalización de la atención y se facilite el desarrollo personal y la calidad de vida de todas las personas implicadas. Es prioritario por ello que los profesionales de atención primaria conozcan dicho proceso y cuenten con una unidad y/o con profesionales de referencia, dentro o fuera de la Comunidad Autónoma, para atender a este colectivo usuario del sistema de salud. En las comunidades como Cantabria que no cuenta con una UTIG, se hace necesario que el sistema de salud considere bien la conformación de una unidad o el establecimiento de un convenio para que las personas que precisan de este servicio puedan acceder al mismo en otra de las comunidades que cuentan con UTIG.
Diversas asociaciones en defensa de los derechos sexuales y del derecho a la salud de las personas trans, como la Red por la Despatologización Trans y la misma asociación cántabra Alega, promueven como su nombre indica un proceso de despatologización de la transexualidad y la trangeneridad que integre la participación de las personas interesadas, a través de los siguientes pasos:
Ø Un modelo de atención que no considere la transexualidad como trastorno mental o patología, sino que esté basado en el reconocimiento de la identidad de género y derecho de decisión sobre el propio cuerpo.
Ø El no seguimiento de los criterios diagnósticos actuales de “trastorno de identidad de género” establecidos en el DSM-IV manual de enfermedades mentales norteamericano) y CIE-10.
Ø El libre acceso a las terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas de reasignación de género, a través de un proceso de decisión compartida y consentimiento informado.
Ø Una atención personalizada que reconozca la diversidad de identidades de género y prioridades de tratamiento de las personas trans.
Ø La sustitución de la función evaluadora del profesional por un rol de información y acompañamiento en el proceso de tratamiento.
Ø La disponibilidad de un servicio de asesoramiento de carácter no obligatorio.
Ø La participación del movimiento trans en la elaboración de los protocolos clínicos y en la gestión de la atención sanitaria trans-específica.
Este discurso transformador respecto a la despatologización de las identidades trans y la autonomía del cuerpo debe impregnar igualmente al sistema de salud en un momento en que el mismo movimiento por los derechos de las personas trans se debate en su propio dilema entre la lucha por el derecho al tratamiento y la lucha contra la intervención compelida por la legislación. Claramente la defensa de la autonomía personal del colectivo trans, como la de la población en general, no impide en ningún caso defender el derecho al tratamiento de las personas trans que hayan optado por esta vía para sus vidas.
El Observatorio de Salud Pública de Cantabria revitaliza su Blog como componente de la estrategia de comunicación sobre su trabajo y sobre aquellos temas de interés para salud pública desde un enfoque de determinantes de la salud. El Blog contiene las secciones de estudios y actividades promovidas por el OSPC o en las que participa o colabora, además del tema en foco.
La Organización Mundial de la Salud y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han publicado el Folleto Informativo nº 31 sobre el Derecho a la Salud con el objetivo de arrojar luz sobre el lugar que ocupa actualmente el derecho a la salud en las normas internacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta la gran cantidad de iniciativas y propuestas respecto de lo que el derecho a la salud puede o debe ser.
El documento empieza explicando lo que es el derecho a la salud y exponiendo sus repercusiones en determinadas personas y grupos, señalando a continuación las obligaciones de los Estados en esta materia y ofreciendo una panorámica general de los mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas nacionales, regionales e internacionales.
El derecho a la salud es algo más que el acceso a la atención sanitaria. Comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas los denomina "factores determinantes básicos de la salud". Son los siguientes:
Ø Agua potable y condiciones sanitarias adecuadas;
Ø Alimentos aptos para el consumo;
Ø Nutrición y vivienda adecuadas;
Ø Condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres;
Ø Educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud;
Ø Igualdad de género.
El derecho a la salud comprende algunas libertades, incluyendo el derecho a no ser sometido a tratamiento médico sin el propio consentimiento, y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El derecho a la salud comprende a su vez los siguientes derechos:
Ø El derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todas las personas iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud;
Ø El derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y la lucha contra ellas;
Ø El acceso a medicamentos esenciales;
Ø La salud materna, infantil y reproductiva;
Ø El acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos;
Ø El acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud;
Ø La participación de la población en el proceso de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y nacional.
Deben facilitarse servicios, bienes e instalaciones de salud a todas las personas sin discriminación. La no discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos.
Todos los servicios, bienes e instalaciones deben estar disponibles y ser accesibles, aceptables y de buena calidad:
Ø Cada Estado debe tener disponibles un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios y centros públicos de atención de la salud.
Ø Estos centros deben ser físicamente accesibles (deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los niños/as, adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables), así como económicamente asequibles, sin discriminación alguna. La accesibilidad también comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información relacionada con la salud en forma accesible (para todas las personas, incluidas las personas con discapacidades), pero sin menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.
Ø Los establecimientos, bienes y servicios de salud también deben comportar respeto hacia la ética médica y sensibilidad para con los requisitos de género, así como ser culturalmente apropiados.
Ø Por último, deben ser apropiados y de buena calidad desde el punto de vista científico y médico. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua potable y condiciones sanitarias adecuadas.
La mayoría de la población cree que el sistema sanitario funciona bien pero necesita reformas
El Ministerio de Sanidad y Consumo hizo públicos el 25 de mayo de 2010 los datos de 2009 del Barómetro Sanitario que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en toda España con periodicidad anual a las personas residentes de ambos sexos mayores de 18 años. Esta consulta tiene como objetivo conocer las opiniones que tiene la ciudadanía acerca del funcionamiento de los servicios sanitarios públicos y hacia determinadas medidas de política sanitaria, además de su grado de conocimiento y actitudes hacia problemas de salud o actuaciones específicas del Sistema Nacional de Salud.
El OSPC analizó los datos para Cantabria. Aumenta el porcentaje de la ciudadanía de Cantabria que considera el área sanitaria como el de mayor interés (del 28,0% en 2008 al 34,4% en 2009), por encima de otras áreas como educación (24,6%), pensiones (14,9%) o vivienda (12,5%). Con este aumento Cantabria se sitúa por encima de la media de España (29,0%) (Ver informe).
Celebramos el DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES (28 de Mayo) con un Foro de Debate con la ciudadanía cántabra
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Este año la Consejería de Sanidad, Dirección General de Salud Pública y el Observatorio de Salud Pública de Cantabria conmemoraron el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres convocando a las mujeres y a la ciudadanía cántabra en general a un foro de debate en torno a lo que piensan las mujeres sobre la salud. Los resultados de la Encuesta de Salud de Cantabria permitieron contextualizar el debate sobre aquellos aspectos más destacados en la misma que consideramos de interés para las mujeres y hombres de Cantabria. Los patrones y prototipos sociales y culturales en cuanto a las relaciones y los papeles que hombres y mujeres desarrollan en la vida cotidiana tienen un claro impacto sobre su salud y su calidad de vida.
El primer aspecto que destaca es que las mujeres cántabras, al igual que en el resto de comunidades autónomas, tienen una peor percepción de su estado de salud que los hombres, refiriendo el 78% de éstos un estado de salud bueno o muy bueno frente al 70% de las mujeres. El perfil de mujer mayor que vive en un municipio pequeño y pertenece a la clase socioeconómica más desfavorecida supone un mayor riesgo para la salud física y mental. Además las mujeres padecen más enfermedades crónicas (67% de mujeres y 55% de hombres) y presentan con la edad un mayor grado de dependencia, aumentando el riesgo de sufrir accidentes, principalmente en el ámbito doméstico. Los hombres sin embargo tienen un mayor nivel de estrés en el trabajo, aunque no presentan un mayor riesgo de mala salud mental.
El consumo de medicamentos recetados y no recetados es mayor en las mujeres que en los hombres (68% y 52% respectivamente) de todas las clases socioeconómicas y niveles de estudios, existiendo una tendencia a aumentar el consumo en ambos sexos a medida que disminuye el nivel de estudios y la clase social.
Los condicionantes de género comienzan a visualizarse en las edades más tempranas, destacando la diferencia existente entre los niños y las niñas en el campo de la actividad física. Por un lado se observa como se promociona más la realización de ejercicio físico intenso en los niños, siendo las niñas quienes presentan mayores índices de sedentarismo (las niñas de 10 a 15 años presentan un porcentaje de sedentarismo de más del doble que el de los niños, 18% y 8% respectivamente). Igualmente, en el consumo de televisión y utilización de videojuegos, ordenador o Internet se aprecian similares diferencias en los comportamientos de niños y niñas, haciendo los niños, en general, un mayor uso comparado con las niñas. Llama la atención la diferencia entre niños y niñas de 1 a 4 años que ya utilizan estas tecnologías (21% de niños y 13% de niñas), así como en la franja de edad de de 10 a 15 años en que el porcentaje niñas que no las utilizan es 7 veces superior al de los niños (34% y 5% respectivamente). Igualmente se observa la influencia de la clase socioeconómica en los hábitos de ocio de la población menor, siendo los niños y las niñas de las clases sociales más desfavorecidas quienes más tiempo pasan delante de la televisión, mientras que los de las clases con mayor poder adquisitivo juegan durante más tiempo a videojuegos, ordenador o Internet.
Los hábitos relacionados con la salud, como el consumo de tabaco y alcohol, y la alimentación o la práctica de la actividad física tienen un trasfondo socioeconómico que puede dar lugar a un mayor nivel de desigualdad en salud. En el análisis de los mismos se evidencia un acentuado gradiente social y de género.
El 34% de los hombres y el 29% de las mujeres fuman diariamente en Cantabria, frecuencias superiores a la media nacional de 32% de hombres y 22% de mujeres. Aunque los hombres consumen más tabaco que las mujeres, una mayor proporción de hombres que de mujeres ha reducido su hábito tabáquico con respecto a lo que fumaban 2 años antes (30% y 22,8% respectivamente). Por el contrario, las fumadoras no solamente no han reducido su hábito, sino que, además, un mayor porcentaje de mujeres que de hombres ha incrementado su consumo (el 24,7% de las mujeres y el 19,5% de los hombres fuman más que hace dos años).
Entre las personas adultas de ambos sexos existen significativas diferencias relacionadas a la práctica de ejercicio físico en el tiempo libre. Los hombres hacen más ejercicio que las mujeres a lo largo de la vida, alcanzando éstas los niveles más altos de inactividad física en la edad de los 16 a los 24 años (55% de hombres y 34% de mujeres de esta franja de edad realizan algún tipo de actividad física en su tiempo libre). Además tantos las mujeres como los hombres pertenecientes a las clases socioeconómicas más desfavorecidas y con menor nivel de estudios son quienes menos ejercicio realizan.
En general, los hombres se alimentan peor que las mujeres y presentan una mayor incidencia de sobrepeso y obesidad a pesar de realizar más actividad física en su tiempo libre (63% de hombres y 44% de mujeres presentan sobrepeso y obesidad). Es relevante la relación directa de la situación socioeconómica como determinante del elevado índice de exceso de peso tanto en las mujeres como en los hombres, siendo más pronunciado en las clases sociales más desfavorecidas y con un menor nivel de estudios. No obstante, el exceso de peso en las mujeres es menor que en los hombres en todas las clases socioeconómicas y niveles de estudios. También es destacable el mayor exceso de peso y obesidad en las personas que residen en los municipios más pequeños.
En relación al cuidado del hogar, de la familia y de las personas dependientes son las mujeres quienes dedican más tiempo en todos los ámbitos. Además se muestra una tendencia creciente en el tiempo dedicado por las mujeres cuanto más bajo es el nivel de estudios y su poder adquisitivo. Se ha observado al mismo tiempo como los hombres presentan los mayores porcentajes de nula dedicación a este tipo de tareas, y cuando se dedican a ellas lo hacen de forma conjunta con otras personas, mientras que la mujer asume esta responsabilidad mayoritariamente sola. Las tareas del hogar y el cuidado de menores es donde las mujeres se dedican más en solitario, 54% de mujeres y 6% de hombres realizan sin ayuda las tareas del hogar; mientras que el 38% de mujeres y el 1% de hombres cuidan solas y solos a menores de 15 años. Por otra parte, en el cuidado de personas mayores y con discapacidades, las mujeres siguen dedicándose significativamente más en solitario, aunque los hombres lo hacen en un porcentaje superior al cuidado del hogar y de menores, 54% de mujeres y 11% de hombres cuidan en solitario a personas mayores de 74 años, y el 39% de mujeres y el 10% de hombres se dedican en solitario al cuidado de personas con discapacidades. Las mujeres por tanto tienen una alta carga de trabajo de cuidado y en el hogar que puede tener un impacto negativo sobre su salud, además de poder aportar una explicación a la peor percepción de la salud que tienen las mujeres de todas las edades, con el potencial gradiente de peor salud mental, mayor frecuentación de los servicios sanitarios y mayor medicalización.