La nueva Ley General de Salud Pública, que se está elaborando desde la Dirección General de Salud Pública, que lidera Ildefonso Hernández, y cuyo Anteproyecto ha sido ya aprobado por el Gobierno, otorgará a los profesionales sanitarios un papel relevante en la acción preventiva de Atención Primaria, de acuerdo a las palabras de la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en el Congreso de los Diputados. La Atención Primaria trabajará coordinadamente con los servicios de Salud Pública para "situar las políticas de prevención en el centro del sistema".

Hasta ahora la legislación en materia sanitaria se había centrado en garantizar y organizar la asistencia frente a la enfermedad pero las nuevas realidades que conviven en nuestro país, como son el creciente envejecimiento de la población, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares y sociales, y la inmigración, o las consecuencias del cambio climático, junto a otras realidades más antiguas pero no por ello resueltas, como la pertenencia a determinadas etnias, como la gitana, la situación de las personas con discapacidades psíquicas, la población en riesgo de exclusión social, la población reclusa, etc., han llevado al Gobierno a "dar un paso más" y completar el derecho constitucional de protección de la salud con esta nueva Ley.

Ley que introducirá un enfoque de salud en todas las políticas, "con una mención específica a la salud ambiental y laboral", e "incorporará derechos y deberes de los ciudadanos en la prevención, promoción y protección de la salud", garantizando así la transparencia de las actuaciones de todos los sectores interesados.

De acuerdo al documento del Anteproyecto, aunque los servicios sanitarios de calidad son esenciales para mejorar la salud y calidad de vida de las personas enfermas, no constituyen el principal condicionante de nuestro nivel de salud. En este sentido el documento mantiene que los servicios sanitarios y en especial la Atención Primaria de salud deben asumir un papel más relevante en la acción preventiva y la salud comunitaria, asegurando la efectividad de estas actividades preventivas mediante una adecuada coordinación con las acciones de salud pública. Medidas y acciones que consideren todos los entornos en los que se gana y se pierde la salud, desde el familiar y social, de acuerdo a nuestro nivel de educación y socioeconómico, al laboral, teniendo en cuenta el acceso al trabajo y la calidad del mismo, a los entornos y servicios que ofrecen nuestras ciudades, barrios y pueblos, al aire que respiramos, al agua que bebemos, a los alimentos que comemos, y a otros factores que determinarán nuestro nivel y calidad de vida, así como las desigualdades de género, sociales y económicas, entre otras, que se puedan producir. El documento asevera de esta forma que prácticamente todas las acciones de gobierno y todas las intervenciones públicas o privadas tienen, en mayor o menor grado, repercusiones sobre la salud. Por consiguiente, el nuevo enfoque de la salud pública se orienta a conformar acciones que van más allá del ámbito sanitario hacia requerir nuevas formas de organización.

Dada la diversidad de determinantes de la salud y de acuerdo a las necesidades que se derivan de las mismas, los profesionales de salud pública deberán ser capaces de aplicar un amplio espectro de conocimientos y habilidades, lo cual hace necesario integrar diferentes disciplinas en el campo de las ciencias de la salud y las ciencias sociales, así como perfiles académicos y técnicos en línea con las nuevas necesidades experimentales y tecnológicas.

Finalmente y a tenor de los múltiples planteamientos que depara la actual situación de crisis económica, el documento de Anteproyecto defiende que “los cuidados sanitarios y las atenciones sociales serán sostenibles si aseguramos para nuestra población los mejores niveles de salud y autonomía posibles en todos los tramos de la vida y con la máxima igualdad posible”. Y en este sentido, el Anteproyecto vincula la efectividad de las políticas sanitarias a las intervenciones que reduzcan las desigualdades socio-económicas en salud, considerando a este tipo de inequidades como un lastre para el crecimiento económico. La idea por tanto de “salud en todas las políticas” se constituye de esa forma en el eje transversal del Anteproyecto de Ley para el desarrollo de políticas, tanto sanitarias como no sanitarias, que contribuyan a la equidad en salud de toda la población.


 

2008 | OSPC