Por Antonia Gimón Revuelta, Presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y de AMUCCAM-Cantabria, miembro del Comité Asesor del Observatorio de Salud Pública de Cantabria
Los usuarios de la sanidad en general y los pacientes en particular, valoramos muy positivamente la existencia en nuestro país de un Sistema Nacional de
Salud de carácter público, universal, gratuito, financiado a través de los impuestos y descentralizado en su gestión. Datos como el envejecimiento de la población, la cronificación de algunas enfermedades, la demanda de nuevas prestaciones, el coste de los tratamientos, la incorporación de los avances tecnológicos y el gasto farmacéutico, plantean el debate sobre cómo mantener la eficiencia actual de la sanidad pública, sin cambios en la gestión y sin más medios humanos y presupuestarios.
La sanidad es un elemento básico del Estado de Bienestar que se mantiene en España con los presupuestos públicos, un gasto que absorbe 60.000 millones de euros al año, lo que equivale al 6% del PIB y ese gasto sigue creciendo. La garantía de una asistencia a toda la población, representa una aportación media per cápita en España de 1.816 euros y el coste del capítulo farmacéutico (32%) es superior a la media de la Unión Europea (25%). En 2009 se gastaron 17.000 millones de euros en medicamentos (12.000 millones en farmacias y 5.000 millones en hospitales).
El crecimiento del gasto sanitario incide en la sostenibilidad del Sistema, en el sistema de cobertura de prestaciones y en el equilibrio de las cuentas públicas.
Los pacientes no somos ajenos a estas realidades, no somos ajenos al debate sobre la financiación pública de la sanidad. Se nos dice que no puede seguir creciendo el déficit sanitario acumulado, pero no es correcto hablar de déficit presupuestario en sanidad, porque no existen ingresos predeterminados que se relacionen con el gasto originado y lo correcto sería hablar de diferencias entre el gasto presupuestado y el gasto real.
Como usuaria y como responsable de una Federación de Asociaciones de mujeres – pacientes de cáncer de mama, defiendo la sanidad pública y quiero seguir apostando por la sostenibilidad del sistema público, porque reconozco y valoro la calidad de la asistencia que recibimos y la universalidad del derecho a las prestaciones. Coincido con quienes afirman que la sanidad pública debe seguir siendo un elemento estratégico de cohesión social, de igualdad y un motor activo de la nueva economía. Nuestra sanidad se gestiona con un modelo descentralizado por transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas, pero ello no supone modificación del derecho constitucional a la salud o la ruptura de un Sistema Público de Salud que sigue siendo único.
Si en un presupuesto público se plantean diferencias entre ingresos y gastos, será necesaria una intervención para corregir esas diferencias con una disminución de los gastos o con un aumento de los ingresos. Esa es una responsabilidad de los poderes públicos, como es también su responsabilidad que se disponga de una Carta de Servicios común para todas las administraciones sanitarias.
Algunos expertos plantean la necesidad de examinar la relación coste y eficacia de las nuevas técnicas, prestaciones, servicios o medicamentos que se incorporen al sistema de salud. Si eso se plantea, habrá que añadir que no es correcto evaluar con frialdad determinados costes cuando hablamos de su eficacia sobre vidas humanas. Donde me ha sido posible, he reiterado la necesidad de un Pacto por la sostenibilidad, la cohesión y la calidad del Sistema Nacional de Salud, un pacto de Estado y de naturaleza política que evite la confrontación con los usuarios, los pacientes y los profesionales; que parta de una descripción de la situación real que permita un diagnóstico certero y una aproximación a los problemas sobre los que proponer soluciones razonables. Y entre esas soluciones figurará como prioridad la financiación del propio Sistema.
El Pacto debiera ser impulsado por el Gobierno, articulado por el Consejo Interterritorial de Salud y aprobado por el Parlamento, quien propondría las medidas adecuadas para su implementación y desarrollo. El pasado 29 de septiembre de 2010, la Subcomisión para el Pacto de Estado en la Sanidad presentaba en el Congreso de los Diputados el “Borrador de Recomendaciones Finales” para alcanzar ese Pacto, recomendaciones que incluían referencias a la financiación; el copago; la universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo; la calidad y seguridad del Sistema; la planificación; la gestión; la coordinación sociosanitaria; los recursos humanos; la cartera de servicios; la política farmacéutica; la participación; la atención primaria y la salud pública; los regímenes especiales y la investigación.
Lamentablemente el Pacto no ha sido posible, y puedo afirmar que el movimiento asociativo de pacientes del que formo parte, se ha sentido defraudado, porque ese Pacto por la Sanidad debía haberse alcanzado por ser necesario y no entenderemos los intereses, seguramente legítimos, que han provocado la falta de acuerdo. No era eso lo que esperaba, deseaba y merecía el movimiento asociativo de pacientes. El presente del Sistema Nacional de Salud y su sostenibilidad futura, exigían una mayor responsabilidad de la que han demostrado quienes debían haber llegado al Pacto y ellos debían haber encontrado las fórmulas para hacerlo posible.
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