Por Milagros Ramasco Gutiérrez, Enfermera, Socióloga, Master en Salud Pública y Doctora en Antropología Social y Cultural. Responsable del Programa de Salud Pública en Colectivos Vulnerables del Servicio de Promoción de la Salud, Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Miembro del Comité Asesor del OSPC.
Artículo publicado en la página web de Nure, Revista Científica de Enfermería. http://www.nureinvestigacion.es/
Las migraciones, fenómeno consustancial a la humanidad, se han convertido en España en una cuestión de Estado, especialmente desde que a mediados de los 90 se incrementara de forma constante y masiva, el volumen de personas extranjeras, que procedentes de países en desarrollo, iniciaron el proyecto migratorio en busca de nuevas oportunidades de vida. Según Eurostat, la población extranjera residente en España ha pasado de 609.813 personas en 1998 a 5.650.968 en 2009, lo que supone un incremento de más del 900% en diez años, y nos sitúa como el segundo país europeo con mayor presencia de extranjeros.
Las migraciones son simultáneamente el resultado del cambio global, y una fuerza poderosa generadora de cambios y procesos de “codesarrollo”, tanto en las sociedades de origen como en las receptoras. Sus impactos se manifiestan en el nivel económico y demográfico (rejuvenecimiento de la pirámide poblacional), pero también afectan a las relaciones sociales, la cultura, la política nacional y las relaciones internacionales.
Las migraciones favorecen las transferencias mutuas de conocimientos, habilidades, técnicas; aportan mayor riqueza generada por la diversidad y el mestizaje; la aproximación a otras lenguas y la incorporación de nuevos términos; nuevas experiencias de participación, con la posibilidad de renovación de la democracia tradicional y el incremento de las relaciones bilaterales con los países de origen. Las personas que emigran suponen una fuente de enriquecimiento, puesto que aportan cosmovisiones y experiencias diversas, otras concepciones filosóficas y espirituales sobre la vida, la salud y la enfermedad.
Sabemos que las migraciones han sido y siguen siendo imprescindibles para “sostener” la velocidad y “forma” de crecimiento económico español en los últimos años, al impulsar sectores de actividad (construcción, restauración, agricultura en el caso de los hombres y servicio doméstico, cuidados y hostelería en el de las mujeres) que, en caso contrario, estaban siendo abandonados dada la flexibilidad y desregulación que caracterizan dichas actividades.
El extraordinario volumen de empleo generado por la inmigración ha aliviado al menos por un tiempo las arcas de la seguridad social, permitiendo a muchas mujeres incorporarse al trabajo asalariado al contar con mano de obra inmigrante femenina que se encargó del cuidado de mayores y niños. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Población Activa muestran que sus salarios medios son significativamente inferiores a los ingresos medios de los trabajadores nativos en el mismo tramo de renta y que la crisis está afectando especialmente a su situación, cuestión que se agudiza en el caso de las mujeres. Por el contrario, el gasto público per cápita que realizan las personas inmigrantes es inferior en los servicios básicos (educación y sanidad), siendo el gasto en prestaciones sociales muy inferior a su presencia relativa en la sociedad.
La Comisión Europea designó el 2008 como el Año Europeo de Diálogo Intercultural destacando la necesidad de considerar el diálogo entre culturas como una prioridad en Europa ante los retos del proceso de mundialización, en el que han de participar conjuntamente los poderes públicos y la sociedad civil. Sin embargo, no se ha producido el debate necesario sobre el modelo a seguir y diferentes estudios sociológicos muestran que las modalidades de instalación en España que prevalecen entre los inmigrantes económicos se sitúan en las coordenadas de reclusión social (ciudadanía denegada) o asimilación de la cultura mayoritaria (ciudadanía subordinada).
En el Libro Blanco de la Salud Pública, ya se planteaba que la diversidad cultural presente en la sociedad y en el sistema sanitario, demandaba adaptaciones organizativas, funcionales y en la dotación de recursos a nivel local, así como la capacitación de los profesionales sanitarios en la adquisición de habilidades para la mejor comprensión de las nuevas situaciones, cuestiones que deberían abordarse de manera creativa y adecuada a fin de aprovechar las oportunidades enunciadas. Aunque en nuestra legislación y sistema sanitario, se reconoce el derecho a la protección de la salud y la equidad como principios rectores, los estudios muestran que las normas de acceso y utilización del sistema de salud dificultan el ejercicio del derecho en condiciones de equidad y que la institución sanitaria carece de un modelo transparente para abordar el fenómeno migratorio, un modelo que opere por encima del plano ideológico personal de los profesionales. Además, la realidad es que los nuevos currículos académicos, siguen contemplando de manera tímida contenidos socio-culturales.
Las migraciones implican cambios, desajustes, crisis y adaptaciones a nuevos contextos que tienen un impacto importante en la salud. Los profesionales sanitarios, específicamente enfermería por su proximidad a la población en la prestación de cuidados, tienen un papel primordial en la detección de los principales problemas de salud que afectan a las personas inmigrantes, muchos de los cuales están estrechamente relacionados con sus condiciones de vida y trabajo. Es pues fundamental, que adquieran y desarrollen capacidades y herramientas para abordar la diversidad sociocultural. Todo esto implica, entre otras cuestiones, tomar conciencia de la propia pertenencia social y cultural y, por ende, de la diversidad de estructuras sociales, familiares y los distintos roles asumidos por los miembros de las familias en las diferentes culturas; reconocer los factores sociopolíticos que repercuten en la existencia de desigualdades sociales, procesos de vulnerabilidad y exclusión, y en las diferencias de estatus, control y poder en la relación profesional/paciente; tener un conocimiento básico de la diversidad de medicinas y cómo éstas, específicamente la biomedicina tanto en sus fundamentos teóricos como en su práctica, están condicionadas culturalmente. Los profesionales deben adquirir habilidades y destrezas que les permitan comprender las diferentes modalidades en las que los pacientes dan cuenta de la enfermedad y modificar sus instrumentos de interacción con ellos en función de las diferencias culturales, procurando evitar prejuicios o conceptualizaciones preestablecidas.
La interculturalidad como práctica implica la promoción sistemática y gradual de espacios y procesos de interacción positiva que vayan generalizando relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica del conflicto, cooperación y convivencia. La crisis económica y la conflictividad mundial van a intensificar las migraciones y poner a prueba nuestra capacidad de respuesta en pro de la defensa de los derechos universales.